Artículo 24

El reconocimiento de los Pueblos Indígenas, como sujetos de derecho público, establecido en la Constitución Federal, tiene los siguientes efectos jurídicos:

I.La titularidad de su personalidad jurídica de derecho público que es ejercida colectivamente a través de las autoridades y representantes de las Comunidades y municipios que los constituyen;

II.El ejercicio de las competencias, facultades y funciones, en el ámbito regional, establecidas en la presente Ley;

III.El establecimiento de un Estatuto Regional que regule las bases de su organización, administración y funcionamiento, así como los derechos y obligaciones de las Comunidades que los conforman, fundadas en los valores culturales y en los principios de los sistemas normativos de la región indígena correspondiente;

IV.La constitución de una instancia regional cuyo mandato será representar, coordinar, administrar, gestionar y dar seguimiento a los acuerdos de las Comunidades y municipios que los conforman. La integración, funcionamiento y duración de los cargos estarán definidas en el Estatuto Regional;

V.Su definición y ubicación en una región geográfica territorial del país, en donde establecerán su domicilio para el ejercicio de sus derechos y atribuciones, y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones;

VI.La constitución, titularidad y ejercicio de su patrimonio, cuya administración y regulación serán establecidas en el Estatuto Regional;

VII.La capacidad de recibir directamente y administrar apoyos, subsidios y recursos públicos, así como ejecutar las obras y brindar los servicios públicos comunitarios que correspondan, y

VIII.Otros que promuevan su bienestar y desarrollo regional.