Aportaciones

El artículo 152 define bien y protege mal. La definición es amplia y viva; falta decir qué no destruye esa condición. Tal como está, tres hechos ordinarios la vacían.

Primero: los pueblos y comunidades afromexicanas no aparecen. Esta sección, y las que le siguen sobre propiedad intelectual colectiva, hablan solo de pueblos indígenas. El Libro que corresponde a los pueblos afromexicanos les reconoce el derecho a recuperar y proteger su patrimonio cultural —música, danzas, medicina tradicional, herbolaria, cocina—, pero no les da ninguna herramienta de este Capítulo: ni la nulidad de los registros de terceros, ni el consentimiento previo para el uso lucrativo, ni la participación en beneficios, ni el acceso al Fondo. El resultado: la herbolaria de una comunidad afromexicana puede ser registrada por un tercero sin que opere la nulidad que sí opera cuando el mismo hecho ocurre en una comunidad indígena. La propia iniciativa ya resolvió este problema una vez: en materia de desarrollo e inclusión social remite expresamente al capítulo correspondiente del Libro Segundo. Falta hacer lo mismo aquí. La ubicación es negociable —este artículo, un artículo final del Capítulo o el Título afromexicano—; la omisión no.

Segundo: la divulgación. Nada dice qué ocurre cuando el conocimiento ya fue publicado, que es el supuesto normal: buena parte de estos saberes está en tesis, artículos científicos, catálogos de museo, bases de datos, inventarios estatales y solicitudes de patente de terceros. Si el texto calla, el argumento que sigue es previsible: "Esto ya es del dominio público". Entonces, quien se apropió del conocimiento y lo publicó obtiene, por ese mismo acto, su defensa contra la nulidad. La ley no puede premiar así al que llegó primero. Hay que decirlo expresamente: la divulgación no extingue el carácter tradicional ni la titularidad colectiva, y no releva de obtener el consentimiento.

Tercero: el tiempo. "Tradicional" se lee con frecuencia como "antiguo" o "inmóvil". La definición dice que se desarrollan y se recrean —bien—, pero no cierra la lectura contraria, que siempre llega igual: si la comunidad usa un equipo nuevo, documenta con método científico o vende el producto, ya no sería conocimiento tradicional, sino técnica moderna, y por tanto de uso libre. Eso castiga justo lo que el artículo 2º constitucional protege: el derecho a decidir cómo se desarrolla la propia cultura.

Falta un ajuste menor: declarar enunciativas las fracciones, para que ninguna autoridad registral las lea como catálogo cerrado, y aclarar que un conocimiento compartido por varios pueblos no es titularidad indefinida.

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Artículo 152.- Los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son un conjunto de saberes, prácticas y valores que se desarrollan, mantienen, recrean y transmiten entre sus integrantes. Pueden incluir:

I. a IV. (sin cambio)

La enumeración anterior es enunciativa. Ningún conocimiento tradicional queda fuera de la protección de esta ley por no corresponder a alguna de las fracciones anteriores.

Los conocimientos tradicionales no pierden ese carácter, ni la titularidad colectiva que corresponde al Pueblo o Comunidad, por haber sido documentados, divulgados, publicados, traducidos, digitalizados o incorporados a acervos, inventarios, bases de datos, publicaciones, solicitudes o registros de propiedad industrial o de derechos de autor, cualquiera que sea el origen de esa divulgación, ni por haber sido usados o explotados previamente por terceros. La divulgación no los incorpora al dominio público ni releva de obtener el consentimiento previsto en esta Ley.

Tampoco pierden ese carácter por expresarse mediante materiales, técnicas, soportes o tecnologías contemporáneos, por aplicarse a finalidades nuevas, ni por haber sido objeto de investigación, sistematización, validación científica o aprovechamiento económico. Su carácter tradicional deriva de su origen y de su vínculo con el pueblo o comunidad, no de su antigüedad ni de la forma en que se manifiestan.

Cuando dos o más pueblos o comunidades compartan un mismo conocimiento tradicional, cada uno conserva su titularidad de manera íntegra y no excluyente. La concurrencia no equivale a titularidad no definida ni en disputa.

Las disposiciones de esta Sección y de las Secciones Cuarta, Quinta y Sexta de este Capítulo se aplican a los Pueblos y Comunidades Afromexicanas y a su patrimonio cultural en los mismos términos y sin requisito adicional. Debe ajustarse en consecuencia el título de esta Sección.

LO QUE ESTA PROPUESTA NO PIDE

No crea un registro nuevo, un trámite nuevo ni una autoridad nueva. No prohíbe investigar, publicar ni enseñar: establece que publicar no transfiere derechos. No tiene costo fiscal ni carga administrativa, porque no crea procedimiento alguno. Y no amplía lo protegido: impide que la protección se pierda por hechos ajenos a la voluntad de su titular.

Del artículo 453 depende que el Título Cuarto llegue a aplicarse. Hoy no lo asegura.

El texto manda aplicar a la vez dos cuerpos normativos —esta Ley y la Ley de Amparo— que en lo esencial dicen cosas distintas: el plazo de este Título no es el de la Ley de Amparo, la legitimación de este Título no es la de la Ley de Amparo, la suspensión de este Título no es la de la Ley de Amparo. Para ese choque el artículo ofrece una sola herramienta: privilegiar la interpretación más favorable.

Es poco, por dos razones. La primera es de redacción: el artículo opta por la interpretación y calla sobre la aplicación. El principio pro persona tiene dos dimensiones —preferencia interpretativa entre varias lecturas de una norma y preferencia de norma entre varias aplicables— y el texto recoge solo la primera. Quien lea literalmente puede sostener que la cláusula indica cómo leer la norma ya elegida, no cuál elegir. Se cierra con dos palabras.

La segunda razón es más grave y no se arregla con palabras favorables. El riesgo mayor no es que el juzgador considere más favorable a la Ley de Amparo: es que sostenga que este Título no puede regular el juicio de amparo, porque esa materia corresponde a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Ese argumento es de competencia, no de favorabilidad, y frente a él la cláusula pro persona nada tiene que decir: no se compara cuál norma protege más, porque una queda fuera antes de la comparación. Por esa puerta el Título puede quedar inaplicado: no derogado, sino desplazado caso por caso, sin declaración de inconstitucionalidad.

Hay prueba de que una cláusula de favorabilidad no basta por sí sola: el principio pro persona rige desde 2011 en el artículo 1º de la Constitución y se aplica a todo juicio de amparo. Aun así, demandas en defensa de derechos colectivos de pueblos indígenas han sido desechadas de plano —por falta de interés legítimo y por extemporaneidad— aplicando la Ley de Amparo. Los expedientes 718/2026 y 1380/2026, en juzgados de distrito de Yucatán, lo documentan. Quien desecha nunca llega al artículo 447: suplencia total de la queja, prueba para mejor proveer, flexibilidad procesal e intérpretes solo existen dentro de un juicio admitido.

El Transitorio Segundo no lo corrige: deroga "lo que se oponga", y determinar qué se opone es justamente lo que está en disputa. El Transitorio Cuarto tampoco: ordena armonizar el marco jurídico en ciento ochenta días, sin nombrar la Ley de Amparo y sin consecuencia si el plazo se incumple. Ese tipo de mandato se incumple: el plazo de ciento ochenta días que la reforma constitucional de 2024 fijó para expedir esta misma Ley General lleva más de un año vencido.

Nada de esto es ajeno a la Ley: su artículo 68, fracción II, ya reconoce legitimación procesal en todos los mecanismos de control constitucional. La prevalencia solo hace exigible lo prometido.

Se propone cerrarlo en dos movimientos: una regla expresa de prevalencia en el artículo 453 y un transitorio que ordene la reforma correlativa a la Ley de Amparo, con plazo cierto y con una cláusula que impida que su incumplimiento paralice el Título.

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Artículo 453.- En los juicios de amparo a que se refiere el presente Título se aplicarán de manera preferente las disposiciones de este Título y, en lo conducente, las demás disposiciones de esta Ley. La Ley de Amparo se aplicará supletoriamente en todo aquello que no se oponga a ellas.

Cuando una disposición de la Ley de Amparo conduzca a un resultado distinto del previsto en esta Ley, prevalecerá lo dispuesto en esta Ley.

La aplicación supletoria no podrá introducir requisitos, plazos, cargas probatorias ni causales de improcedencia o sobreseimiento distintos o adicionales a los previstos en esta Ley, ni invocarse para restringir la legitimación, la suspensión o los efectos de la sentencia que ésta reconoce.

En todo caso, se privilegiará la interpretación y la aplicación más favorables a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

TRANSITORIO QUE SE ADICIONA

Décimo Segundo.- Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá reformar la Ley de Amparo para incorporar a ella las reglas del Título Cuarto de esta Ley.

En tanto dicha reforma no se publique, las disposiciones del Título Cuarto se aplicarán de manera directa e inmediata. Su falta de incorporación a la Ley de Amparo no podrá invocarse como causa de inaplicación, improcedencia, sobreseimiento ni desechamiento.

LO QUE ESTA PROPUESTA NO PIDE

No pide desplazar a la Ley de Amparo: ésta seguirá rigiendo todo lo que este Título no regula, que es la mayor parte del juicio. No crea recursos ni instancias nuevas y no genera gasto. No pide un privilegio procesal: pide que las reglas que el propio legislador escribió para estos juicios sean las que se apliquen en ellos. Sin esta pieza, el Título Cuarto queda escrito, pero no vigente.

El artículo 448 abre una puerta, pero le pone una cuota. Debe abrirla sin cuota.

El primer párrafo permite que, si las autoridades o representantes no promueven el amparo, lo haga el veinte por ciento de los integrantes. Presentado como ampliación, opera como límite: dice, por contraste, que menos del veinte por ciento no puede. Eso queda por debajo del estándar que hoy tiene cualquier persona en México. El artículo 107, fracción I, de la Constitución reconoce legitimación a quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; una ley secundaria no puede añadir un porcentaje a un requisito que la Constitución no tiene. El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 12, reconoce que los pueblos pueden iniciar procedimientos legales personalmente o por conducto de sus organismos representativos. Sin umbral.

Hay un problema más simple: la cuenta no se puede hacer. ¿Veinte por ciento de qué padrón? La pertenencia se define por autoadscripción y por el sistema normativo propio, no por una lista. El Catálogo Nacional registra pueblos y comunidades, no a sus integrantes uno por uno. Para aplicar la regla, el juzgador tendrá que inventar un denominador —censo municipal, hablantes de lengua, padrón agrario— y cualquiera que elija será el equivocado. El padrón agrario, el más a la mano, dejaría fuera a avecindados, mujeres sin derechos agrarios, jóvenes y migrantes. Una regla que no se puede cumplir no funciona como requisito: funciona como causal de desechamiento.

El tercer defecto es la condición de arranque. La vía se abre si las autoridades o representantes "no promueven", pero el artículo no dice cuándo se tiene por actualizado ese hecho ni a quién toca probarlo. Es un hecho negativo, y mientras se acredita, corre el plazo. Peor: el supuesto más frecuente es que la autoridad no promueva porque consintió el acto o lo firmó. Ahí la condición se cumple —no promovió— y es justo ahí donde el veinte por ciento resulta más difícil de reunir, porque quien controla las actas y las listas es la autoridad cuestionada.

Nada de esto se corrige bajando el porcentaje. Se corrige quitándolo. Fijar cuántos integrantes se necesitan para decidir defenderse es fijar por ley federal un quórum interno, y eso corresponde al sistema normativo de cada pueblo y a nadie más.

El segundo párrafo tiene un defecto propio, más pequeño y del mismo tipo. Obliga al juzgador a "proponer la designación" de asesores. Proponer no es designar: el deber se agota sugiriendo, y el derecho a intérprete queda sin plazo, sin gratuidad expresa y sin consecuencia si no se cumple.

**PROPUESTA DE REDACCIÓN**

**Artículo 448.-** Cuando las autoridades o representantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas no promuevan el juicio de amparo, podrá promoverlo cualquiera de sus integrantes, individual o conjuntamente, en defensa de los derechos del Pueblo o Comunidad. No podrá exigirse un número ni un porcentaje mínimo de personas promoventes.

Para estos efectos basta que, al presentarse la demanda, no conste que las autoridades o representantes hayan promovido el juicio contra los mismos actos. No podrá exigirse a la parte quejosa que acredite haberles solicitado promoverlo ni que se hayan negado a hacerlo.

La Asamblea General Comunitaria o la autoridad representativa podrá, en cualquier momento, adherirse al juicio, asumir su continuación o ratificar lo actuado. La falta de ratificación no es causa de improcedencia ni de sobreseimiento.

Cuando el derecho reclamado sea de naturaleza colectiva, la sentencia producirá sus efectos en favor del pueblo o comunidad en su conjunto, con independencia de quiénes hayan promovido el juicio.

Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y sus integrantes tienen derecho a ser asistidos y asesorados, de manera gratuita y durante todas las etapas del juicio, por personas intérpretes y traductoras de su lengua y variante lingüística, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas. La persona juzgadora deberá designarlas de oficio desde el auto inicial, sin necesidad de solicitud de parte y sin que pueda exigirse acreditar el desconocimiento del español. La designación recaerá preferentemente en quien proponga el pueblo o comunidad. En tanto la asistencia no se proporcione efectivamente, los plazos a cargo de la parte quejosa no correrán, y su falta no podrá dar lugar a desechamiento, preclusión ni pérdida de derechos procesales.

LO QUE ESTA PROPUESTA NO PIDE

No pide una acción popular: el amparo seguirá exigiendo interés legítimo, que el juzgador valora caso por caso. No desplaza a las autoridades representativas: la vía sigue siendo subsidiaria y la Asamblea puede tomar el juicio cuando quiera. No cuesta: suprimir un umbral no genera gasto, y la asistencia de intérpretes y defensores ya es obligación del Estado; lo que cambia es que el juzgado deje de deber una gestión y pase a deber el resultado, con la persona que el Pueblo o Comunidad proponga.

El artículo 450 mejora el estándar general en un punto y lo anula en otro.

El acierto: el plazo de treinta días corre desde el conocimiento fehaciente, no desde la publicación oficial. Pero el artículo no dice qué es ni a quién toca probarlo, y quien alega la fecha en juicio es siempre la autoridad. Un plazo que empieza cuando la responsable afirma que empezó no es un plazo: es una defensa.

El problema mayor está en el segundo párrafo. Concede siete años cuando hay daño irreparable o impacto significativo —lo mejor del artículo—, pero los cuenta desde que la responsable notifica el acto de forma personal. Los actos de mayor impacto —concesiones, permisos, decretos— casi nunca se notifican personalmente a una comunidad, y una norma general no se notifica de forma personal a nadie, aunque el párrafo la incluya. Si el disparador no se actualiza, el juzgador aplicará los treinta días o, por vía supletoria, la Ley de Amparo: el plazo largo se pierde justo en los asuntos para los que fue escrito. El resultado es perverso: la autoridad que no notifica queda mejor que la que sí notifica.

Falta, en fin, regla para las omisiones: el artículo les fija fecha única de arranque, cuando una omisión no ocurre un día, subsiste. Mientras subsista no puede haber extemporaneidad.

Esta propuesta no pide ampliar nada. Los siete años ya están en la iniciativa. Pide que funcionen.

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Artículo 450.- Cuando se reclamen normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren o puedan vulnerar los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el plazo para promover el juicio de amparo será de treinta días hábiles, a partir de su conocimiento fehaciente.

Hay conocimiento fehaciente cuando el Pueblo o Comunidad, a través de su Asamblea o autoridad representativa conforme a su sistema normativo, ha recibido información sobre la existencia, el contenido y las posibles afectaciones de la norma, acto u omisión, de manera oportuna, suficiente, culturalmente accesible y, cuando corresponda, en su lengua y variante lingüística. La publicación en el Diario Oficial de la Federación o en cualquier otro medio de difusión no acredita por sí sola el conocimiento fehaciente.

Corresponde a la autoridad responsable probar la fecha del conocimiento fehaciente. A falta de prueba, se tendrá por cierta la fecha manifestada por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, y no podrá tenerse el acto por consentido ni la demanda por extemporánea.

Tratándose de derechos colectivos cuya vulneración implique daño irreparable o impacto significativo, en términos de los artículos 326 y 329 de esta Ley, el plazo será de siete años. Correrá a partir de la notificación personal del acto a las autoridades o instancias representativas del Pueblo o Comunidad y, cuando dicha notificación no se realice o se trate de normas generales, a partir del conocimiento fehaciente. La falta de notificación personal no podrá tener como consecuencia la aplicación de un plazo menor al previsto en este párrafo.

Tratándose de omisiones y de actos cuyos efectos se prolonguen en el tiempo, el plazo no corre mientras subsista la omisión o continúe produciéndose la afectación.

Las normas generales podrán impugnarse dentro de los plazos que anteceden y, con independencia de ello, con motivo de su primer acto de aplicación posterior a su entrada en vigor. Haber dejado transcurrir el primer plazo no impide la segunda impugnación.

Los plazos se suspenderán mientras se desarrolle el proceso de consulta, se sustancie el recurso previsto en el artículo 431 de esta Ley o se agote el procedimiento que corresponda conforme al sistema normativo del Pueblo o Comunidad.

POR QUÉ ESTA REDACCIÓN NO PIDE NADA NUEVO

Cada pieza está tomada de la propia iniciativa. La definición de conocimiento fehaciente reproduce el estándar de información que la ley ya exige para la consulta: oportuna, suficiente, culturalmente accesible y en lengua indígena. Si esa es la información que permite decidir si se consiente una medida, es también la que permite decidir si se impugna. El daño irreparable y el impacto significativo ya están definidos en los artículos 326 y 329; el 450 los usa sin remitir a ellos, y la remisión evita que cada juzgado los llene a su criterio. La suspensión del plazo durante la consulta ya está anticipada por el artículo 433, fracción VI. Y el artículo 453 ya ordena privilegiar la interpretación más favorable, que es justo lo que hoy el segundo párrafo impide.

Sobre la certeza jurídica, que suele invocarse en contra: el reloj lo controla la autoridad, y arrancarlo le cuesta poco —basta notificar bien—. Una regla que corre desde la notificación adecuada no crea incertidumbre: la corrige, porque da a la autoridad y a los terceros un medio cierto para cerrar el riesgo. La de hoy la produce el texto vigente, que deja el arranque en manos de quien tiene interés en que no arranque nunca.

Muy justo lo que se propone

El artículo 449 resuelve bien la mitad del problema y deja fuera la otra mitad. Dice cómo se acredita que un pueblo o comunidad existe, con una fórmula abierta que merece conservarse tal cual. Pero el artículo 447 exige que el juicio se promueva "a través de sus autoridades o representantes", y la ley no dice cómo se acredita esa representación. Ahí es donde se cierra la puerta: la existencia del Pueblo casi nunca se discute; lo que se discute es si quien firma la demanda podía firmarla. Cuando la ley calla, el juzgador aplica supletoriamente la Ley de Amparo y termina exigiendo poder notarial o inscripción en un registro administrativo, documentos que no existen en el sistema normativo comunitario y que ninguna Asamblea está obligada a producir para nombrar a sus autoridades.

Hay un segundo defecto, de verbo: "podrán exhibir" describe lo que la comunidad puede hacer, no lo que la autoridad debe aceptar. Una regla de prueba que no vincula a quien juzga no es una regla de prueba.

Y un tercero, de consecuencia: el artículo no dice qué ocurre si el juzgador considera insuficiente lo exhibido. Sin esa regla, el efecto por defecto es el desechamiento o el "téngase por no presentada", y entonces todas las garantías de este Título —suplencia total de la queja, flexibilidad procesal, prueba para mejor proveer, intérpretes, suspensión de oficio y de plano sin garantía— quedan sin aplicarse, porque solo operan dentro de un juicio ya admitido.

El argumento de fondo es simple: el Catálogo Nacional lo integra y lo administra el Estado. Si un Pueblo o Comunidad no aparece inscrito, la omisión es del Estado y no del Pueblo. Nadie puede quedar fuera del acceso a la justicia por un registro cuya integración no depende de él.

PROPUESTA DE REDACCIÓN

Artículo 449.- Se acreditarán indistintamente y sin orden de prelación entre los medios, con la constancia de registro en el Catálogo Nacional, el Acta de Asamblea General Comunitaria, el nombramiento o constancia expedidos conforme a su sistema normativo, o cualquier otro medio de prueba idóneo:

I. El carácter de Pueblo o Comunidad Indígena o Afromexicana, así como su existencia e identidad colectiva;

II. La representación con la que promuevan sus autoridades o representantes, y

III. La calidad de integrante, tratándose de quienes promuevan en términos del artículo 448.

La inscripción en el Catálogo Nacional o en cualquier otro registro tiene efectos declarativos. Su falta no podrá ser motivo para desechar la demanda, tener por no acreditada la personalidad, negar la suspensión ni sobreseer. No podrá exigirse poder notarial ni formalidad alguna ajena al sistema normativo del Pueblo o Comunidad de que se trate.

Tratándose de la fracción III, bastará la manifestación de pertenencia hecha bajo protesta de decir verdad, la cual se presumirá cierta salvo prueba en contrario.

Para la admisión de la demanda y para el otorgamiento de la suspensión, la acreditación se tendrá por satisfecha de manera provisional con lo manifestado por la parte quejosa. La acreditación podrá completarse en cualquier momento del juicio, hasta antes de que se dicte sentencia.

Cuando el órgano jurisdiccional estime insuficiente lo exhibido, no podrá desechar la demanda ni tenerla por no presentada. Prevendrá a la parte quejosa, en su lengua y variante lingüística, por un plazo no menor de veinte días hábiles prorrogable a su petición, y en ejercicio de la prueba para mejor proveer recabará de oficio la información conducente del Instituto y de las demás autoridades que la posean. Solo podrá tener por no acreditado el carácter, la representación o la calidad de integrante mediante resolución fundada y motivada que exprese por qué los medios ofrecidos y los recabados de oficio resultaron insuficientes, la cual será impugnable.

POR QUÉ ESTA REDACCIÓN NO PIDE NADA NUEVO

No introduce una figura ajena a la iniciativa: hace operativos principios que ella misma ya enuncia. El propio artículo 449 ya admite "cualquier otro medio de prueba" para la existencia colectiva; solo se extiende esa misma fórmula a la representación y a la pertenencia, que son el resto del mismo hecho. El artículo 452 ya acepta la "simple manifestación" como acto procesal bastante para impugnar. El artículo 447 ya ordena flexibilidad procesal y prueba para mejor proveer. Y el artículo 68, fracción II, ya obliga a reconocer legitimación en todos los juicios y mecanismos de control constitucional. Lo único que falta es que esos principios lleguen al momento en que se decide si el juicio se admite.

Quien decide quién representa a un Pueblo es su Asamblea, conforme a su sistema normativo. Esta redacción no le pide a nadie que acredite más: le pide al Estado que reconozca lo que la Asamblea ya decidió, y que no convierta un trámite administrativo en condición para ser escuchado.

PROPUESTA

Se conservan los dos párrafos vigentes y se adicionan tres.

Tercero. No procederá el desechamiento de plano por causales relativas al interés legítimo, la legitimación o la oportunidad. Solo podrán analizarse en la audiencia constitucional, previa entrega de los apoyos previstos en el artículo 448 y habiéndose recabado de oficio las pruebas necesarias para conocer el contexto cultural y organizativo de la parte quejosa.

Cuarto. Tienen igualmente legitimación las organizaciones e instituciones pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La pertenencia se acreditará por cualquier medio de prueba, en términos del artículo 449: entre otros, la integración de sus órganos de dirección por personas pertenecientes al Pueblo o Comunidad, el mandato expreso de una Asamblea General Comunitaria, o el trabajo sostenido y verificable en su territorio. Esta legitimación es adicional y no sustituye a la de los pueblos y comunidades ni a la de sus autoridades y representantes.

Quinto. Los pueblos y comunidades podrán designar, mediante acuerdo de su Asamblea General Comunitaria o instancia equivalente, a organizaciones, instituciones o personas para promover el juicio de amparo en su nombre. El mandato se acredita en términos del artículo 449, es revocable en cualquier momento y sin expresión de causa, y no transfiere la titularidad de los derechos colectivos. La Comunidad representada podrá comparecer directamente en cualquier etapa y su manifestación prevalecerá sobre la de quien la represente. La persona representante no podrá desistirse, allanarse ni convenir sin acuerdo expreso de la Asamblea.

JUSTIFICACIÓN

1. Casa sin puerta. Las garantías del Título Cuarto —suplencia total de la queja, flexibilidad procesal, prueba para mejor proveer, intérpretes, suspensión de oficio— solo operan en juicios ya admitidos. El artículo 453 remite supletoriamente a la Ley de Amparo, por lo que subsiste su artículo 113 y el desechamiento de plano. Quien desecha nunca llega a aplicar el artículo 447: la innovación se pierde en la puerta de entrada.

2. Ya ocurrió en 2026. Dos demandas vinculadas a derechos bioculturales y a esta misma consulta fueron desechadas de plano en Yucatán: el expediente 718/2026-III-D por oportunidad, computando el plazo desde la entrada en vigor de la norma; el 1380/2026-III-B por interés legítimo, porque el objeto social de la asociación quejosa no contenía literalmente la expresión "defensa de pueblos indígenas". Ninguna llegó a audiencia constitucional ni recibió apoyo pericial, intercultural o lingüístico. Quien suscribe fue el promovente en ambos y los cita por ser constancias públicas verificables.

3. Lo que exige análisis integral no es manifiesto ni indudable. La jurisprudencia 1a./J. 214/2025 (11a.) obliga a valorar el interés legítimo de una asociación mediante un análisis integral de la naturaleza del derecho y del objeto social, incluido su plano social. Si el estándar exige análisis integral, la causal deja de ser evidente por sí misma. Esa contradicción se resuelve legislativamente, no caso por caso.

4. Fundamento. El artículo 12 del Convenio 169 de la OIT dispone que los pueblos puedan iniciar procedimientos legales personalmente o por conducto de sus organismos representativos. Se apoya además en el artículo 17 constitucional y en el artículo 40 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

5. Coherencia interna. El artículo 68, fracción II, ya obliga a garantizar legitimación procesal en todos los juicios y mecanismos de control constitucional en asuntos susceptibles de afectarles; el Título Cuarto no lo implementa. Y el artículo 449 admite "cualquier otro medio de prueba" para acreditar existencia e identidad colectiva: la misma fórmula debe regir la acreditación de quien comparece. No se pide algo nuevo, sino que la Ley se cumpla a sí misma.

6. Lo que no hace. No crea acción popular: la legitimación propia exige pertenencia y la representación exige mandato de Asamblea. No desplaza a los pueblos y comunidades como titulares, que permanecen intransferibles. No permite hablar en nombre de una comunidad sin su decisión previa ni contra su voluntad posterior, pues el mandato es revocable sin causa y la comparecencia directa prevalece. Y no impide analizar la improcedencia: la difiere al momento en que puede estudiarse con los elementos culturales que esta ley ordena recabar.

La fuente de la legitimación es, en ambos supuestos, una decisión de la comunidad, nunca una valoración externa sobre su capacidad. Las brechas en acceso a la justicia, intérpretes, conectividad y asesoría técnica son reales, pero son deudas del Estado que generan obligaciones exigibles, no carencias que justifiquen decidir por nadie.

Esta importante Propuesta... Y SI SÍ? Debe conocerla toda la Población, así que voy a difundirla lo más que pueda.

Estoy de acuerdo en hacer conocer tan importante Propuesta a tod@s para lograr ese... Y si sí!!